29 de Julio de 2015

Los partidos políticos anuncian medidas para “incorporar la ética al sistema productivo”

Los seis partidos políticos más importantes de España se comprometieron este jueves a incorporar medidas de responsabilidad social en sus programas para las elecciones generales de final de año e incluso llegaron al consenso de que es necesario trasladar principios éticos al ámbito de las administraciones públicas y al mundo empresarial, donde reivindicaron el papel de las pymes frente a las grandes compañías.

Según informa El Economista, representantes de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU, UPyD y Compromís celebraron un debate organizado por la agencia Servimedia y Forética en el que plantearon como reto “incorporar la ética al sistema productivo de este país” y, sobre todo, reivindicaron el principio del cumplimiento de la ley en el mundo empresarial, porque “la RSC empieza después del cumplimiento de la ley”.

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Marta González presumió de que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el primero en aprobar “la primera estrategia nacional” sobre responsabilidad social en España, la cual cumple justo un año este mes de julio, con 60 medidas concretas.

González se mostró partidaria de incluir “claúsulas sociales” al entender que es “absolutamente indispensable que determinadas contrataciones de la administración pública deben realizarse con ciertas empresas” que cumplen las normas y tienen un componente social que reporta al resto de la sociedad. Si se generaliza, indicó que la responsabilidad social puede convertirse en un elemento diferenciador de la Marca España.

La secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, garantizó que el programa electoral de su partido para las elecciones generales incluirá “una parte dedicada a la RSC”, concebida como la “devolución de las empresas a la propia sociedad”, porque “la empresa debe ser responsable con la sociedad en la que vive”. En este sentido, aplaudió que ha permitido “insertar en las empresas valores que no estaban, como la igualdad y la diversidad”.

Rodríguez avanzó que entre las medidas que está estudiando su partido sobresalen las cláusulas sociales, las compras responsables desde la Administración y aprobar una legislación que regule la responsabilidad corporativa de las empresas pero manteniéndola “de forma voluntaria”. No obstante, sentenció que las empresas que no cumplen las normas, por ejemplo en materia de contratación de personas con discapacidad, “no deberían tener ningún favor en la contratación con las administraciones públicas”.

Lucha de clases empresarial

El economista de Podemos Iván Ayala sacó a relucir que “el impulso de la responsabilidad social no ha venido sólo por las empresas, sino por una sociedad civil organizada”, y lamentó que la RSC “ha sido otra víctima más de la crisis”, porque las compañías la ven “como una inversión rentable pero a la vez como un coste y eso es un problema”.

Ayala declaró que la responsabilidad social “no puede ser un premio” para las compañías y advirtió de que avanzar por ese camino supondría resucitar la “lucha de clases” en el ámbito empresarial, porque “las que más gastan en RSC son las grandes, mientras que las pymes son las grandes olvidades porque es un coste que no se pueden permitir”.

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid Sofía Miranda manifestó que “la Administración tiene una responsabilidad” con el resto de la sociedad y por eso debe primar que la contratación pública sea responsable, ya que cuando se adjudican concursos a empresas que no cumplen la ley, se está produciendo un elemento de “corrupción”.

Para mejorar la situación actual, como ejemplo sacó a relucir que Ciudadanos ha propuesto en la capital crear un Observatorio de RSC que emita un “sello de Madrid Responsable”, que prime a las empresas regidas por los principios de buena gobernanza, transparencia, sostenibilidad y contratación de personas en riesgo de exclusión social.

La eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua celebró el “avance” que se ha producido en los últimos años en este campo, pero recomendó “no ponernos a tocar el violín”, porque quedan muchas cosas por hacer, ya que hay empresas “que cuentan cuentos que se convierten en marketing porque no importa la RSC sino la reputación, que puede ser fundada o infundada”.

Pagazaurtundua adelantó que el programa electoral del UPyD incluirá “pocas cosas”, pero concretas, sobre responsabilidad social, desde la tesis de que lo importante es “pelear por que esas cosas se transformen en algo real”, en vez de plantear objetivos ambiciosos que al final se quedan por el camino. Entre otras ideas, abogó por estándares oficiales en sellos que premien buenas prácticas y mayores sanciones a los que incumplan “para que las multas no sean un caramelo”.

Leyes que se cumplan

La secretaria de Elaboración Política y Programática de Izquierda Unida, Marga Ferre, puso el contrapunto al denunciar que pretender “ser más competitivos y más sostenibles es una contradicción” y declaró que se conformaría con “que se cumpla la ley” en un país donde, por ejemplo, no se respetan los porcentajes de contratación de personas con discapacidad en la Administración Pública.

 

Ferre pidió “leyes mejores y que se cumplan” frente a políticas de voluntariedad de las compañías, con el fin de evitar que la responsabilidad social se convierta en una oportunidad para “lavar la cara de algunas empresas que no han cumplido”. Además, calificó de “encomiable” la labor que hacen entidades como Forética a la vista de las “enormes dificultades” que tiene conseguir que la economía sea ética.

 

Finalmente, el director general de Responsabilidad Social de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Josep Ochoa, aseguró en representación de Compromís que en la legislación española deberían incorporarse cláusulas de contratación de la Administración Pública, porque el cumplimiento de la ley debe ser “algo más”.

 

Ochoa anunció que entre las primeras medidas que está adoptando en la Generalitat está “exigir una aplicación rigurosa de la Ley de Transparencia e introducir políticos de buen gobierno” en el propio gobierno autonómico que conforman Compromís y el PSOE.

 

El presidente de ILUNION y de Forética y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, fue el encargado de dar la bienvenida a los ponentes y clausurar el debate, ante los que señaló que las empresas “tienen un papel importante” en materia de responsabilidad social, hasta el punto de que empiezan a asumir que “o serán responsables o no lo serán”, e indicó que el camino a seguir pasa por “maximizar los aspectos positivos de lo que hacemos y minimizar los negativos”.

 

Por su parte, el presidente de Servimedia y de la Junta Directiva de Forética, Fernando Riaño, destacó que este debate constituye un “hito importante” para la responsabilidad corporativa en España, porque es el primero que se celebra en España con representantes de los principales partidos políticos para debatir sobre esta cuestión ante las elecciones generales previstas para final de año.

 

 

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